La organización reclama que la discapacidad debe ser tenida “muy en cuenta” en la ordenación y aseguramiento del derecho a la vivienda, que, a su juicio, debe abordarse como parte de la legislación y las políticas públicas generales de vivienda. Tal y como se recalca en el manifiesto “toda persona tiene derecho a vivir en su domicilio con el soporte que precisa y perteneciendo y participando de su comunidad”.

 

De esta manera, CERMIN pone el énfasis en la necesidad de llevar a cabo dos medidas “de calado”. Por un lado, la aprobación de una Ley General de Garantía del Derecho Social a la Vivienda, y por otro, el aumento del parque público de vivienda, dedicando al menos el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) a asegurar esta finalidad.

 

 

Además, hace especial hincapié en la accesibilidad universal, que “debe ser la norma que guíe los principios y actuaciones de las políticas públicas y normativas vinculadas a la vivienda, ya que, de lo contrario, se excluirá a las personas con discapacidad”. En este sentido, exige que se adapte el parque construido para garantizar que “ninguna persona quede aislada en su vivienda, recluida por ausencia de condiciones de accesibilidad y diseño universales”.

 

En relación a esto, desde CERMIN piden que se resuelvan “con urgencia” algunas demandas como la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que las obras y actuaciones de accesibilidad sean obligatorias para la comunidad de propietarios cuando vengan solicitadas por vecinos con discapacidad o mayores de 70 años, con independencia de su coste.

 

También exigen el impulso de reformas para que el Registro de la Propiedad recoja datos sobre las condiciones de accesibilidad de los inmuebles, edificios y viviendas, con el objetivo de que los potenciales adquirentes y usuarios con discapacidad o en cuya unidad familiar haya una persona con discapacidad, puedan conocer de antemano esta información tan relevante y facilitar su decisión de compra o arrendamiento.

 

De este modo, abogan por la creación de un Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal y por adoptar medidas que proporcionen y mantengan una oferta pública de viviendas accesibles a disposición de las personas con discapacidad.

 

 

CERMIN, junto al resto de entidades que conforman el movimiento CERMI, asegura que las personas con discapacidad presentan una elevada dependencia de instancias ajenas a la propia persona, al entorno familiar o a prestaciones o recursos públicos o de la sociedad civil debido, fundamentalmente, a menores ingresos y mayores gastos por razón de discapacidad. Por eso, defienden que sean considerados como un grupo preferente en las políticas públicas de vivienda, para proporcionarles soluciones habitacionales dignas, adecuadas y libremente elegidas.

 

En la misma línea, exigen que se haga efectivo el derecho de las personas con discapacidad a elegir dónde, cómo y con quién vivir, garantizando los apoyos que lo hagan posible. Además, defienden que las políticas sociales y las de vivienda deben aunarse para fomentar el tránsito a formas de vida más inclusivas e independientes, que permita la vida en la comunidad de pertenencia y la participación social de las personas con discapacidad. En ese sentido, señalan la asistencia personal y la vivienda colaborativa como un ejemplo de prestaciones sociales y estrategias públicas a considerar, para la consecución de sus demandas.

 

Por todo ello, CERMIN concluye que el movimiento asociativo de la discapacidad y las entidades del Tercer Sector de Acción Social en general, han de ser considerados como “agentes de referencia en la cocreación y cogobernanza de las políticas públicas oficiales de vivienda, en todos sus niveles.

 

Enlace a manifiestos:

 

Manifiesto Español, Lectura Fácil y Pictogramas 

 

Manifiesto en lengua de signos española